La abogada santiagueña Agostina Páez comenzó a transitar las últimas horas antes de su regreso a la Argentina, luego de que este martes la Policía Penal de Río de Janeiro le retirara la tobillera electrónica que llevaba desde el 21 de enero, en el marco de una causa por injuria racial.

El retiro del dispositivo marcó un punto de inflexión en un proceso judicial atravesado por demoras y tensiones. La medida se concretó tras el pago de una caución de 97.260 reales, equivalente a 60 salarios mínimos y aproximadamente U$S 18.800 al cambio actual.

Con el depósito realizado a primera hora del día, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, a cargo de la 37ª Vara Criminal de Río de Janeiro, firmó la orden para retirar el rastreador. En la resolución, además, dispuso que se comunique a la Policía Federal la liberación de la acusada para que pueda retornar a su país de origen.

Un video difundido por el diario La Nación registró el momento exacto en que un agente desactivó el dispositivo que Páez llevaba en la pierna izquierda. En las imágenes se la observa con una calza de jean amplia, zapatillas blancas y un saco amarillo, vestimenta que durante semanas utilizó para ocultar la tobillera. Para la joven, ese instante representó más que un trámite: fue el fin de una de las restricciones físicas que la mantenían en Río.

La decisión judicial se produjo tras un giro clave en la causa. El lunes, la octava cámara de Río de Janeiro concedió un habeas corpus presentado por la defensa, encabezada por la abogada brasileña Carla Junqueira. El camarista Luciano Barreto Silva cuestionó la continuidad de las medidas cautelares impuestas por el tribunal inferior, al considerar excesivo el mantenimiento del monitoreo electrónico en una etapa avanzada del proceso.

Ese fallo fue interpretado como un respaldo a la estrategia defensiva y obligó al juez Duarte a disponer la liberación, condicionada al pago de la fianza y a la fijación de un domicilio legal. Allí, Páez deberá aguardar la sentencia en la causa que se le sigue por injuria racial.

El hecho que originó el expediente ocurrió el 14 de enero, a la salida de un bar en el barrio de Ipanema. En esa ocasión, la joven fue filmada realizando gestos racistas que imitaban movimientos de un mono, dirigidos a empleados del local. El episodio derivó en una causa penal bajo las estrictas leyes brasileñas contra la injuria racial.

De acuerdo con un acuerdo alcanzado entre las partes la semana pasada, la eventual condena podría ser reemplazada por el pago de una reparación económica a las víctimas y la realización de tareas comunitarias en la Argentina, aunque esa resolución aún debe ser ratificada por el juez interviniente.

Mientras tanto, el regreso al país aparece cada vez más cercano. “Tanto Agostina como su padre están ansiosos, con muchas ganas de volver a casa”, señaló Sebastián Robles, quien acompañó a la familia durante todo el proceso.

Con la orden judicial ya emitida, resta que el juzgado notifique a las autoridades migratorias para habilitar la salida. En ese mismo trámite, se prevé la devolución del pasaporte y la emisión del permiso de viaje que permitirá a la joven regresar a Santiago del Estero, donde continuará vinculada al proceso judicial.